Entendiendo los antecedentes de la Política de Seguridad Democrática
El gobierno colombiano ha enfrentado distintas clases de violencia y subversión desde la segunda mitad del Siglo XX, y a cada enemigo de su estabilidad ha debido responderle con mecanismos jurídicos que respeten la integridad de la nación y fortalezcan la presencia del Estado. Estas herramientas legislativas han recibido distintos nombres, muchas veces de acuerdo al léxico político de la época o la institución que las elaboró, pero siempre han sido Estatutos de Seguridad, legislaciones que provén medidas normativas para atender a la disidencia armada, que ha pasado por el bandolerismo, la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, el terrorismo y el narcoterrorismo.
Cuál ha sido la influencia de la geopolítica internacional, los sucesos mundiales y el imaginario universal de la violencia y el conflicto para la organización de los diferentes tipos de actores armados subversivos, y cuáles han sido las respuestas que ha dado el gobierno para defender la seguridad de la nación y sus instituciones.
Cuál ha sido la influencia de la geopolítica internacional, los sucesos mundiales y el imaginario universal de la violencia y el conflicto para la organización de los diferentes tipos de actores armados subversivos, y cuáles han sido las respuestas que ha dado el gobierno para defender la seguridad de la nación y sus instituciones.
La elaboración de un Estatuto de Seguridad debe responder al alivio de los problemas sociales del país y al fortalecimiento de la fuerza del Estado.
Antecedentes de los Planes de Seguridad Nacional
Finalizada la Segunda Guerra Mundial y a causa de la rápida acción militar de la Unión Soviética por someter a los países de la Europa Oriental, Estados Unidos aceleró su proceso de reacción frente al comunismo que se vio materializado en el “Estado de Seguridad Nacional” estadounidense, que posteriormente daría nacimiento al Consejo Nacional de Seguridad, NSC, y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, lo que ratificaba formalmente la guerra fría y establecía a la Unión Soviética y el comunismo como los principales enemigos de la seguridad nacional (Leal, 19-20)
Sobre esta orientación no fue difícil para el gobierno de los Estados Unidos trazar sus objetivos sobre América Latina en materia de seguridad nacional. Algunos ejemplos de esta política internacional fueron el “Plan Truman” de 1946, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de 1947 y la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 1948. Cada uno de estos tratados e instituciones cumplía alguna función política y/o militar que pretendía la unificación latinoamericana en respuesta a alguna amenaza exterior, como lo era el comunismo, y más exactamente la Unión Soviética (Leal, 21-22) Estas dos etapas de la política internacional norteamericana son los antecedentes y la gestación del plan de seguridad nacional que más tarde cada país latinoamericano adoptaría según sus necesidades de seguridad y el poder que las guiase.
Luego del triunfo de la revolución cubana en 1959, cada país latinoamericano se sintió vulnerable dentro de sus propios límites, ya no por una amenaza exterior sino interna. Cualquier problema social, una huelga o protesta popular era considerada como conspiración comunista y como tal había que reaccionar. Los militares latinoamericanos acogieron las bases de la ideología político-militar de Estados Unidos y los principios de contrainsurgencia franceses (Leal, 25) Colombia no fue ajena a esta situación y como respuesta a la carencia del Estado para monopolizar la fuerza y administrar justicia (Leal, 6) dio origen a varios proyectos de Seguridad Nacional, entre los que sobresalen el Plan Lazo, de 1962, el Decreto 3398 de 1965, el Plan Andes de 1968, el 2046 de 1972, el 1573 de 1974 y el 1923 de 1978, cada uno de los cuales desarrolla y complementa la actividad militar y los planes para elaborar la seguridad nacional (L. Buitrago, 147) Estos Planes y Decretos demuestran su marcada despolitización de los militares durante los años en que fueron elaborados y llevados a cabo. Mientras la clase política se encargaba de los problemas económicos y políticos del país, se dejó en manos de los militares todo lo relacionado con el manejo del orden público, facilitado por el continúo estado de sitio, “que actuó como un visto bueno anticipado a las acciones represivas por venir” (L. Buitrago, 133)
Hacia la presente concepción de la Seguridad Democrática
La doctrina de Seguridad Nacional significó la defensa de la estabilidad política sobre la base del anticomunismo y la preservación de la soberanía. Este fue el marco alrededor del cual los países Latinoamericanos desarrollaron su propia doctrina, ajustada a sus realidades sociales y políticas (Buitrago, 11) Para cuando Belisario Betancur alcanzó la Presidencia de la República en 1982, la doctrina de Seguridad Nacional que se había mantenido en firme durante los anteriores gobiernos del Frente Nacional, comenzó a dar un vuelco en respuesta a las nuevas necesidades sociales y los cambios políticos que eran necesarios, influenciados por la obsolencia de la guerra como forma de resolución de conflictos, especialmente luego de la Guerra de las Malvinas y el término de la tutela militar de los Estados Unidos en la región (L. Buitrago, 29-30) fenómenos internacionales que en Colombia dieron origen a los primeros acercamientos del gobierno con las guerrillas formadas durante las dos décadas anteriores.
Las relaciones entre los militares y el gobierno se vieron afectadas por la iniciativa presidencial de buscar la paz, unido esto a las labores del ejército contra las guerrillas en proceso, las ambigüedades políticas y militares del M-19 y la tutela armada que sobre la Unión Patriótica siguieron ostentando las FARC, terminaron por romper el proceso (L. Buitrago, 111) Todo lo anterior contó también con la intervención de un nuevo fenómeno político y militar que poco a poco fue tomando fuerza y cada vez se hizo más evidente: el narcotráfico. Rotas las negociaciones de paz, asesinado el ministro de Justicia, Lara Bonilla en 1984 y luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985, los militares volvieron a tomar la iniciativa en materia de orden público (L. Buitrago, 112) y la guerra entre el Estado y las guerrillas abrió también campo a un nuevo tipo de confrontación, la guerra integral, en la que se incluía el narcotráfico (Orozco, 143)
La aparición de este nuevo elemento amenazando la seguridad e integridad nacional, y su incidencia en grupos paramilitares, guerrilleros e incluso contaminando instituciones estatales como la policía y el ejército (Leal, 161) produjeron una “profunda inflexión histórica” (Orozco, 143) entre lo que fue la violencia en 1977 y 1985. Entre el Estatuto de Seguridad de 1978 y los de 1988 y 1991, el narcotráfico se interpone evidentemente como actor político y militar (Orozco, 144)
La nueva Constitución de 1991 no hizo cambios sustanciales a lo que la Carta de 1886 hacía referencia sobre materia militar y seguridad (Leal, 162) pero durante el gobierno del Presidente César Gaviria sí fueron varias las reformas que se desarrollaron. La relación cívico- militar se institucionalizó con el nombramiento de civiles en los puestos de Ministro de Defensa y Director del DAS. El gobierno orientó su política al fortalecimiento de la justicia, encaminada a corto plazo hacia la lucha contra el narcoterrorismo, a través de la política de sometimiento a la justicia. Finalmente, se materializó la modernización de las fuerzas militares, el apoyo logístico y de inteligencia y las nuevas estrategias antisubversivas, como las Unidades Móviles del Ejército y el Bloque de Búsqueda de la Policía, orientado este último a combatir a los jefes del narcotráfico (Buitrago, 163-165)
La modernización de la fuerza pública y el apoyo de inteligencia que Colombia recibió de los Estados Unidos, y las reformas hechas al sistema judicial, permitieron acabar con los “carteles del narcotráfico” y someterlos a la justicia. Pero no por ello el narcotráfico, el terrorismo y el paramilitarismo fueron socavados; simplemente cambiaron de escenario, trasladándose al campo y fusionándose con las guerrillas y los paramilitares. Nuevamente el gobierno tuvo que reorientar su política de seguridad y para el año de 1998 retomó las negociaciones de paz ante el impulso que la guerrilla había tomado y su desastrosa incidencia en la población civil (Cepeda, 21-69) Pero el proceso de paz fue un fracaso y la elección del Presidente Álvaro Uribe fue la esperanza de la ciudadanía por la definición y ejecución de una política de seguridad que recuperase el orden público (Defensoría, 98)
Luego del 11 de septiembre de 2001, la política internacional sobre la seguridad fue también replanteada luego de la iniciativa de los Estados Unidos y su nueva estrategia de seguridad nacional, divulgada por el Presidente norteamericano George Bush el 20 de septiembre de 2002. La nueva política estadounidense concluía que los estados pobres con gobiernos débiles son los más vulnerables a las redes terroristas y el narcotráfico. Al respecto también se pronunció la comunidad internacional en respuesta a la pregunta del Secretario General de la ONU sobre la intervención internacional para defender la seguridad de los ciudadanos del mundo concluyendo que se debe proteger a los ciudadanos cuando el gobierno no lo quiere hacer o es muy débil para hacerlo (Cepeda, 51-53)
El mandato de Uribe debía replantearse el tema de defensa y eventuales procesos de paz. En su discurso en la ceremonia de reconocimiento de las fuerzas armadas, el Presidente mencionó lo que sería su nuevo Estatuto de Seguridad o Doctrina de la Seguridad Democrática, dividido en seis elementos principales. 1º Transparencia en la vigilancia del respeto a los derechos humanos; 2º Eficiencia en las fuerzas de seguridad del estado y su respuesta a los grupos terroristas; 3º Austeridad en el gasto del gobierno para destinar más fondos a la seguridad y la inversión social; 4º Coordinación entre fuerza pública y administración de justicia; 5º Juridicidad en todas las operaciones bélicas y por la protección de la seguridad; 6º Cooperación entre la fuerza pública y los ciudadanos (Cepeda, 56-59)
Aunque el nuevo Estatuto Antiterrorista no ha sido aún aprobado por el Congreso, el poder Ejecutivo ya ha iniciado su campaña de seguridad con Decretos tales como el 1837 de 2002, por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior y el 1832 de 2002 que cobra un impuesto al patrimonio de los ciudadanos, cuya destinación será el fortalecimiento de las fuerzas militares.
Luego del 11 de septiembre de 2001, la política internacional sobre la seguridad fue también replanteada luego de la iniciativa de los Estados Unidos y su nueva estrategia de seguridad nacional, divulgada por el Presidente norteamericano George Bush el 20 de septiembre de 2002. La nueva política estadounidense concluía que los estados pobres con gobiernos débiles son los más vulnerables a las redes terroristas y el narcotráfico. Al respecto también se pronunció la comunidad internacional en respuesta a la pregunta del Secretario General de la ONU sobre la intervención internacional para defender la seguridad de los ciudadanos del mundo concluyendo que se debe proteger a los ciudadanos cuando el gobierno no lo quiere hacer o es muy débil para hacerlo (Cepeda, 51-53)
El mandato de Uribe debía replantearse el tema de defensa y eventuales procesos de paz. En su discurso en la ceremonia de reconocimiento de las fuerzas armadas, el Presidente mencionó lo que sería su nuevo Estatuto de Seguridad o Doctrina de la Seguridad Democrática, dividido en seis elementos principales. 1º Transparencia en la vigilancia del respeto a los derechos humanos; 2º Eficiencia en las fuerzas de seguridad del estado y su respuesta a los grupos terroristas; 3º Austeridad en el gasto del gobierno para destinar más fondos a la seguridad y la inversión social; 4º Coordinación entre fuerza pública y administración de justicia; 5º Juridicidad en todas las operaciones bélicas y por la protección de la seguridad; 6º Cooperación entre la fuerza pública y los ciudadanos (Cepeda, 56-59)
Aunque el nuevo Estatuto Antiterrorista no ha sido aún aprobado por el Congreso, el poder Ejecutivo ya ha iniciado su campaña de seguridad con Decretos tales como el 1837 de 2002, por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior y el 1832 de 2002 que cobra un impuesto al patrimonio de los ciudadanos, cuya destinación será el fortalecimiento de las fuerzas militares.
Proyección de los Planes de Seguridad hacia el futuro
Los Estatutos de Seguridad hasta aquí vistos, han respondido cada uno a las necesidades inmediatas del momento de su elaboración, y han sido influenciados por la posición internacional, especialmente de los Estados Unidos y su orientación geopolítica. Así, en los Estatutos anteriores a 1985 se identifica al enemigo con la subversión comunista, luego como el narcotraficante y actualmente el terrorista. Es claro que la elaboración de planes de seguridad y las leyes que los reglamentan, no han respondido a un proyecto de largo plazo y cada gobierno se ha visto obligado a crear o modificar su propio Estatuto, sin una continuidad de las políticas generales.
Igualmente se han visto limitados en cuanto a las materias de que tratan, y no sólo porque estén diseñados para responder positivamente a la seguridad, como es natural que lo hagan, sino porque el grueso de su reglamentación es penal y no está apoyado por otras materias que deberían suplirlo, como una adecuada y concordante reforma económica apta para responder a las medidas que el Estatuto prevé.
Esta situación no es accidental, ni es el resultado de la negligencia del gobierno o la falta de visión. El hecho que los Estatutos de Seguridad no se hayan visto reforzados por otras medidas legales más allá de reformas tributarias, impuestos para la lucha y la figura de la extinción del dominio, se debe a que el panorama cada vez más cambiante de hacia dónde debe enfocarse la lucha del Estado ha generado tal situación que la guerra es inexistente, el enemigo es cada vez otro, sea porque es reemplazado o se transforma, como lo fue el bandolerismo y la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo y más cercanamente la guerrilla, el narcotráfico y el narcoterrorismo. Otra de las causas por la que los Estatutos de Seguridad se han visto tan solitarios de medidas económicas, políticas y sociales de fondo que los respalden (Manrique, 40) es precisamente por la división que hasta después del gobierno del Presidente Barco siempre existió entre la labor militar y el poder civil, entre los planes de seguridad y los proyectos políticos y económicos (Cepeda, 28)
Los conflictos armados de Colombia han mantenido la constante de ir a la par con los conflictos internacionales y el enemigo del orden ha cambiado de acuerdo a esta lógica. Igualmente la respuesta del estado no ha sido plenamente original, se ha visto influenciada por la política internacional y la hegemonía estadounidense (Palacios, 239) Esta línea seguro nos augure que finalizado el conflicto del narcotráfico – sea por su erradicación total, legalización o sustitución artificial – los actores de la violencia subversiva se disipen. ¿Pero podrán ser reemplazados por otros?, ¿o se transformarán de acuerdo a otro elemento de incidencia internacional? Si esta fuera la línea histórica que Colombia está destinada seguir, podría ser la pobreza y la debilidad del estado la fuente principal de donde se alimentaría el nuevo conflicto, según lo dicho por la política de seguridad estadounidense y los focos del terrorismo, en los estados pobres y de gobiernos débiles. Cualquiera sea el recurso de seguridad que cree el gobierno, debe encaminarse a combatir conjuntamente la pobreza y fortalecer al Estado, o la historia podrá volver a repetirse.
Bibliografía
- Canal, Jaime, Fernando Cepeda, Marco Palacios, et. Las Relaciones Cívico-Militares en Tiempos de Conflicto Armado. Bogotá: Editorial Panamericana Formas e Impresos S.A, 2003
- Defensoría del Pueblo, Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Seguridad y Libertades Individuales en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia, 2003
- Leal Buitrago, Francisco. El Oficio de la guerra: La Seguridad Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994
- Leal Buitrago, Francisco y Juan Gabriel Tokatlian. Orden Mundial y Seguridad: Nuevos Desafíos para Colombia y América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994
- Manrique Medina, Rodrigo. La Economía de Guerra en Colombia. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 2000
- Orozco Abad, Iván. Combatientes, Rebeldes y Terroristas: Guerra y Derecho en Colombia. Bogotá: Editorial Temis S.A, 1992
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