Los Estatutos de Seguridad

Entendiendo los antecedentes de la Política de Seguridad Democrática

El gobierno colombiano ha enfrentado distintas clases de violencia y subversión desde la segunda mitad del Siglo XX, y a cada enemigo de su estabilidad ha debido responderle con mecanismos jurídicos que respeten la integridad de la nación y fortalezcan la presencia del Estado. Estas herramientas legislativas han recibido distintos nombres, muchas veces de acuerdo al léxico político de la época o la institución que las elaboró, pero siempre han sido Estatutos de Seguridad, legislaciones que provén medidas normativas para atender a la disidencia armada, que ha pasado por el bandolerismo, la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, el terrorismo y el narcoterrorismo.

Cuál ha sido la influencia de la geopolítica internacional, los sucesos mundiales y el imaginario universal de la violencia y el conflicto para la organización de los diferentes tipos de actores armados subversivos, y cuáles han sido las respuestas que ha dado el gobierno para defender la seguridad de la nación y sus instituciones.

La elaboración de un Estatuto de Seguridad debe responder al alivio de los problemas sociales del país y al fortalecimiento de la fuerza del Estado.

Antecedentes de los Planes de Seguridad Nacional

Finalizada la Segunda Guerra Mundial y a causa de la rápida acción militar de la Unión Soviética por someter a los países de la Europa Oriental, Estados Unidos aceleró su proceso de reacción frente al comunismo que se vio materializado en el “Estado de Seguridad Nacional” estadounidense, que posteriormente daría nacimiento al Consejo Nacional de Seguridad, NSC, y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, lo que ratificaba formalmente la guerra fría y establecía a la Unión Soviética y el comunismo como los principales enemigos de la seguridad nacional (Leal, 19-20)

Sobre esta orientación no fue difícil para el gobierno de los Estados Unidos trazar sus objetivos sobre América Latina en materia de seguridad nacional. Algunos ejemplos de esta política internacional fueron el “Plan Truman” de 1946, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de 1947 y la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 1948. Cada uno de estos tratados e instituciones cumplía alguna función política y/o militar que pretendía la unificación latinoamericana en respuesta a alguna amenaza exterior, como lo era el comunismo, y más exactamente la Unión Soviética (Leal, 21-22) Estas dos etapas de la política internacional norteamericana son los antecedentes y la gestación del plan de seguridad nacional que más tarde cada país latinoamericano adoptaría según sus necesidades de seguridad y el poder que las guiase.

Luego del triunfo de la revolución cubana en 1959, cada país latinoamericano se sintió vulnerable dentro de sus propios límites, ya no por una amenaza exterior sino interna. Cualquier problema social, una huelga o protesta popular era considerada como conspiración comunista y como tal había que reaccionar. Los militares latinoamericanos acogieron las bases de la ideología político-militar de Estados Unidos y los principios de contrainsurgencia franceses (Leal, 25) Colombia no fue ajena a esta situación y como respuesta a la carencia del Estado para monopolizar la fuerza y administrar justicia (Leal, 6) dio origen a varios proyectos de Seguridad Nacional, entre los que sobresalen el Plan Lazo, de 1962, el Decreto 3398 de 1965, el Plan Andes de 1968, el 2046 de 1972, el 1573 de 1974 y el 1923 de 1978, cada uno de los cuales desarrolla y complementa la actividad militar y los planes para elaborar la seguridad nacional (L. Buitrago, 147) Estos Planes y Decretos demuestran su marcada despolitización de los militares durante los años en que fueron elaborados y llevados a cabo. Mientras la clase política se encargaba de los problemas económicos y políticos del país, se dejó en manos de los militares todo lo relacionado con el manejo del orden público, facilitado por el continúo estado de sitio, “que actuó como un visto bueno anticipado a las acciones represivas por venir” (L. Buitrago, 133)

Hacia la presente concepción de la Seguridad Democrática

La doctrina de Seguridad Nacional significó la defensa de la estabilidad política sobre la base del anticomunismo y la preservación de la soberanía. Este fue el marco alrededor del cual los países Latinoamericanos desarrollaron su propia doctrina, ajustada a sus realidades sociales y políticas (Buitrago, 11) Para cuando Belisario Betancur alcanzó la Presidencia de la República en 1982, la doctrina de Seguridad Nacional que se había mantenido en firme durante los anteriores gobiernos del Frente Nacional, comenzó a dar un vuelco en respuesta a las nuevas necesidades sociales y los cambios políticos que eran necesarios, influenciados por la obsolencia de la guerra como forma de resolución de conflictos, especialmente luego de la Guerra de las Malvinas y el término de la tutela militar de los Estados Unidos en la región (L. Buitrago, 29-30) fenómenos internacionales que en Colombia dieron origen a los primeros acercamientos del gobierno con las guerrillas formadas durante las dos décadas anteriores.

Las relaciones entre los militares y el gobierno se vieron afectadas por la iniciativa presidencial de buscar la paz, unido esto a las labores del ejército contra las guerrillas en proceso, las ambigüedades políticas y militares del M-19 y la tutela armada que sobre la Unión Patriótica siguieron ostentando las FARC, terminaron por romper el proceso (L. Buitrago, 111) Todo lo anterior contó también con la intervención de un nuevo fenómeno político y militar que poco a poco fue tomando fuerza y cada vez se hizo más evidente: el narcotráfico. Rotas las negociaciones de paz, asesinado el ministro de Justicia, Lara Bonilla en 1984 y luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985, los militares volvieron a tomar la iniciativa en materia de orden público (L. Buitrago, 112) y la guerra entre el Estado y las guerrillas abrió también campo a un nuevo tipo de confrontación, la guerra integral, en la que se incluía el narcotráfico (Orozco, 143)

La aparición de este nuevo elemento amenazando la seguridad e integridad nacional, y su incidencia en grupos paramilitares, guerrilleros e incluso contaminando instituciones estatales como la policía y el ejército (Leal, 161) produjeron una “profunda inflexión histórica” (Orozco, 143) entre lo que fue la violencia en 1977 y 1985. Entre el Estatuto de Seguridad de 1978 y los de 1988 y 1991, el narcotráfico se interpone evidentemente como actor político y militar (Orozco, 144)

La nueva Constitución de 1991 no hizo cambios sustanciales a lo que la Carta de 1886 hacía referencia sobre materia militar y seguridad (Leal, 162) pero durante el gobierno del Presidente César Gaviria sí fueron varias las reformas que se desarrollaron. La relación cívico- militar se institucionalizó con el nombramiento de civiles en los puestos de Ministro de Defensa y Director del DAS. El gobierno orientó su política al fortalecimiento de la justicia, encaminada a corto plazo hacia la lucha contra el narcoterrorismo, a través de la política de sometimiento a la justicia. Finalmente, se materializó la modernización de las fuerzas militares, el apoyo logístico y de inteligencia y las nuevas estrategias antisubversivas, como las Unidades Móviles del Ejército y el Bloque de Búsqueda de la Policía, orientado este último a combatir a los jefes del narcotráfico (Buitrago, 163-165)

La modernización de la fuerza pública y el apoyo de inteligencia que Colombia recibió de los Estados Unidos, y las reformas hechas al sistema judicial, permitieron acabar con los “carteles del narcotráfico” y someterlos a la justicia. Pero no por ello el narcotráfico, el terrorismo y el paramilitarismo fueron socavados; simplemente cambiaron de escenario, trasladándose al campo y fusionándose con las guerrillas y los paramilitares. Nuevamente el gobierno tuvo que reorientar su política de seguridad y para el año de 1998 retomó las negociaciones de paz ante el impulso que la guerrilla había tomado y su desastrosa incidencia en la población civil (Cepeda, 21-69) Pero el proceso de paz fue un fracaso y la elección del Presidente Álvaro Uribe fue la esperanza de la ciudadanía por la definición y ejecución de una política de seguridad que recuperase el orden público (Defensoría, 98)

Luego del 11 de septiembre de 2001, la política internacional sobre la seguridad fue también replanteada luego de la iniciativa de los Estados Unidos y su nueva estrategia de seguridad nacional, divulgada por el Presidente norteamericano George Bush el 20 de septiembre de 2002. La nueva política estadounidense concluía que los estados pobres con gobiernos débiles son los más vulnerables a las redes terroristas y el narcotráfico. Al respecto también se pronunció la comunidad internacional en respuesta a la pregunta del Secretario General de la ONU sobre la intervención internacional para defender la seguridad de los ciudadanos del mundo concluyendo que se debe proteger a los ciudadanos cuando el gobierno no lo quiere hacer o es muy débil para hacerlo (Cepeda, 51-53)

El mandato de Uribe debía replantearse el tema de defensa y eventuales procesos de paz. En su discurso en la ceremonia de reconocimiento de las fuerzas armadas, el Presidente mencionó lo que sería su nuevo Estatuto de Seguridad o Doctrina de la Seguridad Democrática, dividido en seis elementos principales. 1º Transparencia en la vigilancia del respeto a los derechos humanos; 2º Eficiencia en las fuerzas de seguridad del estado y su respuesta a los grupos terroristas; 3º Austeridad en el gasto del gobierno para destinar más fondos a la seguridad y la inversión social; 4º Coordinación entre fuerza pública y administración de justicia; 5º Juridicidad en todas las operaciones bélicas y por la protección de la seguridad; 6º Cooperación entre la fuerza pública y los ciudadanos (Cepeda, 56-59)

Aunque el nuevo Estatuto Antiterrorista no ha sido aún aprobado por el Congreso, el poder Ejecutivo ya ha iniciado su campaña de seguridad con Decretos tales como el 1837 de 2002, por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior y el 1832 de 2002 que cobra un impuesto al patrimonio de los ciudadanos, cuya destinación será el fortalecimiento de las fuerzas militares.

Proyección de los Planes de Seguridad hacia el futuro

Los Estatutos de Seguridad hasta aquí vistos, han respondido cada uno a las necesidades inmediatas del momento de su elaboración, y han sido influenciados por la posición internacional, especialmente de los Estados Unidos y su orientación geopolítica. Así, en los Estatutos anteriores a 1985 se identifica al enemigo con la subversión comunista, luego como el narcotraficante y actualmente el terrorista. Es claro que la elaboración de planes de seguridad y las leyes que los reglamentan, no han respondido a un proyecto de largo plazo y cada gobierno se ha visto obligado a crear o modificar su propio Estatuto, sin una continuidad de las políticas generales.

Igualmente se han visto limitados en cuanto a las materias de que tratan, y no sólo porque estén diseñados para responder positivamente a la seguridad, como es natural que lo hagan, sino porque el grueso de su reglamentación es penal y no está apoyado por otras materias que deberían suplirlo, como una adecuada y concordante reforma económica apta para responder a las medidas que el Estatuto prevé.

Esta situación no es accidental, ni es el resultado de la negligencia del gobierno o la falta de visión. El hecho que los Estatutos de Seguridad no se hayan visto reforzados por otras medidas legales más allá de reformas tributarias, impuestos para la lucha y la figura de la extinción del dominio, se debe a que el panorama cada vez más cambiante de hacia dónde debe enfocarse la lucha del Estado ha generado tal situación que la guerra es inexistente, el enemigo es cada vez otro, sea porque es reemplazado o se transforma, como lo fue el bandolerismo y la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo y más cercanamente la guerrilla, el narcotráfico y el narcoterrorismo. Otra de las causas por la que los Estatutos de Seguridad se han visto tan solitarios de medidas económicas, políticas y sociales de fondo que los respalden (Manrique, 40) es precisamente por la división que hasta después del gobierno del Presidente Barco siempre existió entre la labor militar y el poder civil, entre los planes de seguridad y los proyectos políticos y económicos (Cepeda, 28)

Los conflictos armados de Colombia han mantenido la constante de ir a la par con los conflictos internacionales y el enemigo del orden ha cambiado de acuerdo a esta lógica. Igualmente la respuesta del estado no ha sido plenamente original, se ha visto influenciada por la política internacional y la hegemonía estadounidense (Palacios, 239) Esta línea seguro nos augure que finalizado el conflicto del narcotráfico – sea por su erradicación total, legalización o sustitución artificial – los actores de la violencia subversiva se disipen. ¿Pero podrán ser reemplazados por otros?, ¿o se transformarán de acuerdo a otro elemento de incidencia internacional? Si esta fuera la línea histórica que Colombia está destinada seguir, podría ser la pobreza y la debilidad del estado la fuente principal de donde se alimentaría el nuevo conflicto, según lo dicho por la política de seguridad estadounidense y los focos del terrorismo, en los estados pobres y de gobiernos débiles. Cualquiera sea el recurso de seguridad que cree el gobierno, debe encaminarse a combatir conjuntamente la pobreza y fortalecer al Estado, o la historia podrá volver a repetirse.

Bibliografía

- Canal, Jaime, Fernando Cepeda, Marco Palacios, et. Las Relaciones Cívico-Militares en Tiempos de Conflicto Armado. Bogotá: Editorial Panamericana Formas e Impresos S.A, 2003

- Defensoría del Pueblo, Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Seguridad y Libertades Individuales en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia, 2003

- Leal Buitrago, Francisco. El Oficio de la guerra: La Seguridad Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994

- Leal Buitrago, Francisco y Juan Gabriel Tokatlian. Orden Mundial y Seguridad: Nuevos Desafíos para Colombia y América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994

- Manrique Medina, Rodrigo. La Economía de Guerra en Colombia. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 2000

- Orozco Abad, Iván. Combatientes, Rebeldes y Terroristas: Guerra y Derecho en Colombia. Bogotá: Editorial Temis S.A, 1992

Acerca de Panamá

En la mentalidad de muchos colombianos, existe la idea de que Panamá fue sustraída de la República de Colombia por un complot, organizado por los Estados Unidos de América, para así beneficiarse de la construcción del famoso canal. Así lo representa la obra “I Took Panama” se orientación claramente antiestadounidense, que nos hace ver cómo Colombia se deja arrebatar el departamento insular por parte del Tío Sam; su director, Jorge Alí Triana, comenta al respecto: “Es la historia de uno de los actos más agresivos contra América Latina que ha tenido Estados Unidos”. De hecho, si se preguntase a los colombianos qué saben de la separación de Panamá, creo que la inmensa mayoría coincidiría en afirmar que fueron “los gringos” quienes nos quitaron a Panamá.

Una revisión de la historia colombiana, y otro tanto de la historia insular, nos revela un escenario muy distinto, que lamentablemente hasta ahora parece estarce desempolvando. En su excelente libro Panamá siempre fue de Panamá, Óscar Alarcón Núñez nos remite a la tesis que viene implícita en el título de su obra: Panamá siempre se consideró independiente de la Gran Colombia, de la Confederación Granadina, de los Estados Unidos de Colombia y posteriormente, de la República centralista de Colombia, acuñada en 1886. Desde los años gloriosos de Simón Bolívar y su proyecto de una gran nación, Panamá se unió al gobierno de Bogotá buscando la protección de una posible reconquista española; en los tiempos de la Confederación Granadina, Panamá condicionó su unión al respeto a su soberanía y una forma de gobierno federal; con la formación de los Estados Unidos de Colombia, la condición siguió siendo la misma, y para la época de la Constitución centralista de 1886, que transformaba radical y definitivamente a la República, Panamá consiguió un tratamiento especial como departamento cuasi-independiente.

El tema del canal en Panamá, el florero de Llorente en su versión itsmeña, merece el tratamiento económico-político que la historia le ha negado, oscurecido siempre por ese apasionamiento nacional antiestadounidense. Desde los comienzos de la segunda mitad del Siglo XIX, los Estados Unidos de América habían puesto sus ojos en Centroamérica para la construcción de un canal interoceánico; el afán fue mayor cuando explotó la famosa "fiebre del oro" en Norteamérica, puesto que para los pioneros estadounidenses era más sencillo embarcarse hacia Colón, viajar por tierra hasta Ciudad de Panamá y desde allí embarcarse por el Pacífico hacia California. Igual recorrido hacían los pioneros para regresar al Este norteamericano, lo que significaba un afluente de comercio importante para la gente del itsmo.

La construcción de un canal era imperiosa. El gobierno nortaemericano tenía planeadas varias posibles rutas para el canal, atravesando por alguna de las naciones centroamericanas, pero la más sencilla era precisamente por Panamá. De hecho, la proyección estadounidense del canal ítsmico es anterior a la "fiebre del oro" (lo que refleja uno de los aciertos de la política exterior y militar de los Estados Unidos, siempre visionaria) y ya desde 1846 Estados Unidos suscribió con la Nueva Granada el Tratado Mallarino-Bidlack (ése mismo de antecedentes en la famosa doctrina Monroe y que fue antecedente del famoso Caso de la Tajada de Sandía) y con los ingleses, en 1850, el Tratado Clayton-Bulwer, inspirado en la Doctrina Monroe de 1823, que otorgaba a los Estados Unidos la posibilidad de intervenir militarmente ante cualquier acto que pusiese en riesgo la seguridad del tránsito por el istmo. Rafael Núñez agradecería posteriormente la existencia de ese Tratado, con la sublevación de los panameños en 1885.

Quiero aprovechar que he mencionado la Doctrina Monroe para hacer un paréntesis en esta reflexión. Mucho se ha criticado esta doctrina: "América para los americanos"; pero si se orienta a los motivos que la acuñaron, veremos que fueron muchas las naciones emergentes del Caribe y Centroamérica que en su momento la agradecieron; luego de la independencia de España, cabía la posibilidad de que este Reino intentase una reconquista, o que alguna otra potencia europa -Gran Bretaña, Francia- intentase conquistar los territorios que los españoles recién habían perdido (recuérdese el caso de los ingleses en Buenos Aires, en 1806, o la guerra de reconquista inglesa contra Estados Unidos, en 1812) por lo que el lanzamiento de esta prerrogativa diplomática fue en su momento un alivio para las recién creadas naciones de América.

Volviendo al tema de Panamá, el itsmo estaba parcialmente militarizado por los Estados Unidos, pero la construcción de un canal estaba apenas en el horizonte. Hacia 1878 entraron los franceses en el proyecto de construcción del canal, pero debido a las condiciones geográficas y climatológicas del lugar, la empresa no pudo culminarse. Fue así como entró nuevamente Estados Unidos en el escenario, pero debido al fracaso francés, los estadounidenses proyectaron la construcción en otras regiones de Centroamérica y empezaron a negociar con los nicaraguenses; esto alarmó a los panameños, quienes perderían la oportunidad de tener un canal que multiplicaría los ingresos del departamento. Para ese entonces, ya había terminado la guerra de 1885 y había sido sancionada la Constitución de 1886, por lo que la ratificación de un tratado con los Estados Unidos, para la construcción de un canal por el itsmo, dependía enteramente del Congreso de la República.

Ya en 1903 las condiciones de Estados Unidos para la construcción de un canal por Centroamérica -fuera en Panamá o en Nicaragua - eran claras: reconocía la soberanía nacional -colombiana o nicaragüense- sobre el territorio, sólo pedía la operación -la administración y la soberanía estadounidense de la franja del canal -por un plazo de cien años y a cambio se encargaba de la construcción del canal y entregaba la suma de diez milones de dólares, y 250,000 dólares cada año. Ese fue el acuerdo al que Tomás Herrán, negociador por Colombia, llegó con los Estados Unidos, y cuando su negociación fue puesta a disposición del Congreso para que la ratificase, este se negó unánimemente a hacerlo, aludiendo a que aquello era un acto de humillación y se entregaba la soberanía nacional.

Los panameños, organizados y liderados por colombianos -me refiero a personajes del interior del país, como el General Esteban Huertas, de origen boyacense - se sientieron descepcionados por la decisión del Congreso y fue así como, el 3 de noviembre de 1903, declararon su independencia de Colombia y recibieron el reconocimiento y protección militar de los Estados Unidos, a cambio de ratificar el tratado del canal.

Estados Unidos nunca estuvo interesado en la sepración de Panamá, sólo le interesaba construir el canal interoceánico y administrarlo por cien años; los panameños fueron los artífices de su secesión, al verse contrariados por la decisión del Congreso colombiano de no ratificar el tratado y que el canal se lo quedaran los nicaragüenses. El Gobierno y el Congreso de la época fueron los verdaderos culpables -porque Marroquín no hizo el menor esfuerzo para que el tratado de ratificase- de la separación panameña, así que ese "I took Panama" es una distorción de la historia, porque los estadounidenses en realidad no tomaron nada, porque Panamá siempre fue de Panamá.

La Guerra Civil de 1885

He aquí un ensayo que hice hace ya algunos años sobre la Guerra Civil de 1885, la misma que mató a la Constitución de Rionegro de 1863 y dio paso a la de 1886, que rigió al país hasta la de 1991.

Causas de la Guerra Civil de 1.885

Al buscar las causas de la guerra civil de 1.885, debemos centrarnos en dos bases fundamentales (Granados, 56), que terminaron por ser determinantes para el estallido de la guerra: las estructuras políticas y económicas (Granados, 56). Las causas políticas, fueron sin duda la marginación del partido conservador en la vida política del país desde 1.860, exceptuando al Estado de Antioquia (Granados, 57). Influyó también la marcada aristocracia del liberalismo, reflejada sobre todo en los liberales radicales, que pronto marginaron también a quienes dentro de su partido disidían en algún aspecto, y que terminó por dividir al liberalismo entre radicales e independientes (Rodríguez, 20). Por último, otra gran causa política fueron las continuas querellas y guerras entre los Estados Federales de la Unión, protagonizadas en los Estados de Santander, Panamá, Antioquia y Cundinamarca, de forma sucesiva durante el primer año del segundo mandato de Rafael Núñez, a quien ya se veía como una amenaza para la estabilidad del régimen radical liberal (Valencia, 140). Las causas económicas, estrechamente ligadas a las políticas y casi determinantes de estas, fueron la crisis del mercado mundial tabacalero, cafetero y de la quina (Ocampo, 203-346), por lo que no es de extrañar que precisamente en los Estados productores estallasen revueltas contra el gobierno, primero en la imagen del Presidente de Estado, como el caso del General Solón Wilches en Santander, y luego en la figura del Presidente de la Unión (Palacio, 20-47).

Pretensiones políticas del segundo gobierno de Rafael Núñez

El segundo gobierno de Rafael Núñez contó originalmente con un ministerio de Secretarios que reunía a miembros del partido conservador, de los liberales independientes y de los liberales radicales (Palacio, 11-12), que con el devenir de los sucesos trágicos para la patria y otras causas, fue alternándose en cuanto a las personas que los ocupaban (Palacio, 13-47). Por medio de estos nombramientos, que por derecho debían ser aprobados por el Senado de Plenipotenciarios (Palacio, 12), esperaba Núñez el cooperativismo de todas las fuerzas políticas en lo que había planeado serían sus tres objetivos de gobierno: reformas a la Constitución de 1.863, arreglo de las cuestiones pendientes con la Santa Sede y un gobierno centralista (11)

Medidas jurídicas del Gobierno Central ante la guerra

Para diciembre de 1.884 la guerra era ya inminente y el Gobierno Central se preparaba (Palacio, 46). Una de las primeras medidas jurídicas adoptadas por el Presidente de la Unión y sus Secretarios fue la de decretar empréstitos a comerciantes y hacendados (Palacio, 49, 101) Más adelante, ya para cuando la guerra era un hecho, el Secretario del Tesoro, Jorge Holguín, decretó la emisión de billetes del Banco Nacional y medidas especiales para el pago de deudas, tanto de los particulares como del gobierno a los bancos (Palacio, 101) (1) Los empréstitos no fueron suficientes y justificados por el estado de guerra (2), el Gobierno y los generales de la Guardia Colombiana hicieron uso de otros mecanismos para su financiamiento, tales como las exacciones, libranzas y expropiaciones (Ocampo, 61-64). Estas últimas, que vulneraban el derecho de propiedad, fueron sin embargo legales cuando era el Gobierno o el Ejército quien las ordenaba, amparados en la Ley 35 de mayo 20 de 1.881, por la cual la guerra creaba estados de excepción y la propiedad sufría una resignificación (Ocampo, 62)

El Reclutamiento

Desde el mes de diciembre de 1.884, Rafael Núñez había ordenado a los Generales Leonardo Canal y Máximo A. Nieto (Granados, 67) el reclutamiento y comandancia del Ejército de Reserva, compuesto por reclutas fieles al Partido Conservador y el Gobierno Central (Granados, 68). La tarea de los Generales no muy difícil y ya para los meses de febrero y marzo, luego de un recorrido por los Estados de Cundinamarca, Boyacá y Santander consiguieron un ejército de más de 8.000 hombres (Palacio 63-64)
La facilidad con que podía reclutarse un ejército se debía principalmente a la institución económica de la Hacienda, en la que caciques, hacendados y gamonales, que en “cumplimiento a los compromisos firmados por los notables de cada comunidad”(Granados, 68) fieles al Gobierno de la Unión o al Partido Conservador, obligaban a sus peones y campesinos a participar de la guerra. Los reclutas entraron a engrosar las filas de la Guardia Colombiana desde la promulgación del Decreto 26 de 1.885 (Palacio, 65)


Eficacia de las medidas jurídicas del Gobierno en la resolución del conflicto

Las aspiraciones políticas de Rafael Núñez vieron por fin a sus simpatizantes unidos a causa de la guerra civil, esto es a liberales independientes y conservadores (Velasco, 28) Desde el terreno político, esta unión permitió deslegitimar la revolución contra el Gobierno y facilitar la pacificación de Estados como Antioquia, mayoritariamente conservadora (Palacio, 73-74)

La férrea verticalidad social generada por la institución de la Hacienda, permitió el eficaz cumplimiento del proceso de reclutamiento, respaldado por los hacendados y notables de los Estados de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Cauca, casi la totalidad del país, fue fundamental para la pronta resolución de la guerra y el ascenso del Partido Conservador (Granados 70-71)

Para el mes de abril, la guerra civil quedó localizada en la Costa Atlántica y Panamá, luego de la pacificación de los Estados de Antioquia, Santander, Tolima y Boyacá (Palacios, 84) El armisticio de Antioquia sancionó por Decreto del 5 de marzo de 1.885 a los “autores, cómplices y auxiliares en el Estado de Antioquia, del delito de rebelión contra el gobierno nacional” a pagar dos millones (2´000.000) de pesos a la Nación (Palacios, 79) la pacificación del Estado de Santander posicionó como nuevo Secretario del Estado Independiente a Diógenes Arrieta, nombramiento que fue respaldado por el General Solón Wilches (Palacios, 84) Los gobernadores de Boyacá (Palacios 54) y Cundinamarca (Palacios, 61) se declararon simpatizantes de la rebelión desde el inicio de la guerra, pero por Decreto No 175 de 1.885, el primero se vio obligado a declarar la neutralidad de Tunja y renunciar a su puesto presidencial (Palacios, 53) (3) Mientras el segundo, influenciado por el nombramiento del General Antonio B. Cuervo como comandante del ejército en Cundinamarca y posterior visita del Presidente de la Unión, acontecimientos que aseguraron la fidelidad del General Daniel Aldana al Gobierno Central (Palacios 62)

Notas

(1) Siendo Secretario de Hacienda Felipe Angulo y Secretario del Tesoro Jorge Holguín, el gobierno sancionó, en cabeza del Secretario del Tesoro, los Decretos 1104, de fecha del 8 de enero de 1.885; 1105, de fecha del 9 de enero de 1.885; y 65, de fecha del 17 de enero de 1.885. En el primero, firmado por Jorge Holguín, el Secretario ordena al Banco Nacional emitir billetes del Banco por valor de dos millones (2´000.000) de pesos; regulariza el pago que hará el gobierno a sus acreedores en billetes del Banco; permite a los particulares y bancos pagar el 50% de sus deudas en billetes; y finalmente decreta que los billetes servirán para pagar rentas y contribuciones nacionales (como los empréstitos) excepto del 30% del monto total.
En respuesta a este Decreto, el entonces Gerente del Banco Nacional, Felipe F. Paúl, publica su informe en el Diario Oficial (número 6280) y resumidamente expresa que el gobierno es el mayor deudor del Banco, que por la difícil situación del país, debida a la poca renta, el déficit en la balanza de pagos y la guerra, los intereses que el gobierno debiera pagar por los créditos se pueden considerar como no recuperables, y concluye que los Bonos de Deuda del Gobierno no son confiables en el mercado.
Responde Jorge Holguín reformando algunos artículos del Decreto 1104, en el Decreto 1105, firmado por el Secretario y Núñez. En éste deroga la disposición del artículo 5to del Decreto 1104, por la que los bancos debían recibir en billetes el 50% del crédito de los particulares, y sanciona que el gobierno pagará a los contribuyentes del empréstito en billetes, a la vez que podrá pagar sus otros gastos en Bonos de Deuda, exceptuando los salarios y raciones del ejército.
Por último, el Decreto 65, firmado por Jorge Holguín, sanciona el pago de rentas y contribuciones nacionales en 50% en billetes y el resto en monedas de oro, plata o níquel.

(2) La legalidad de las medidas tomadas por el gobierno y el ejército para realizar expropiaciones y libranzas estaba contenida en el Código Militar, sancionado por la Ley 35 de mayo de 1.881 de los Estados Unidos de Colombia, al señalar en sus artículos 1312 – 1317 y 1321 que la guerra creaba estados de excepción y la propiedad podría sufrir una resignificación. Según este Código, los bienes muebles “serán tomados por el invasor, si son de naturaleza que puedan servir directamente a las operaciones de la guerra; pero la restitución de ellos deberá hacerse al ajustarse la paz.” (Congreso de los Estados Unidos de Colombia. “Código Militar: Ley 35 de mayo de 1.881”. Bogotá; Imprenta de T. Uribe Zapata, 1.881, p.206)


(3) Pedro José Sarmiento, Presidente del Estado Independiente de Boyacá, recibió en diciembre de 1.884 la visita de los Secretarios de Guerra y Gobierno, José María Campo y Arístides Calderón, respectivamente, por mandato de Núñez. Al final de su reunión, Sarmiento declaró en carta firmada por él y sus Secretarios de Gobierno y Hacienda, la neutralidad de Tunja ante el conflicto que se desarrollaba. No convencido por esta declaración, Núñez decretó el 13 de febrero de 1.885 (Decreto No 175) que el nuevo Gobernador Civil y Militar del Estado de Boyacá sería Clodomiro Tejada, mientras se convocasen a los ciudadanos para elegir a su nuevo Presidente.


Bibliografía

Duque Betancur, Francisco. Historia del Departamento de Antioquia. Medellín: Editorial Albon-Interprint, 1963

Granados García, Aimer. “Política, Ejército y Reclutamiento en la Guerra Civil Colombiana de 1885”. Universitas Xaveriana. 9 (1992): 55-76

Jaramillo, Carlos Eduardo. Los Guerrilleros del Novecientos. Bogotá: Fondo Editorial CEREC, 1991

Núñez, Rafael. La Reforma Política. Medellín: Editorial Lealon, 1994

Ocampo, José Antonio. Colombia y la Economía Mundial 1830-1910. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1998

Palacio, Julio. La Guerra de 85. Bogotá: Editorial Cromos, 1936

Rodríguez Piñeres, Carlos. El Olimpo Radical: Ensayos conocidos e inéditos de su época. Bogotá: Librería Voluntad, 1950

Saa Velasco, Ernesto. El proceso de la Constitución de 1886 y Don Rafael Núñez. Popayán: Talleres Gráficos de Impresora Feriva Ltda., 1984

Valencia Villa, Hernando. Cartas de Batalla: una Crítica del Constitucionalismo Colombiano. Bogotá: CEREC U. Nacional, 1987

Presentación

Aunque apenas van a ser dos siglos de existencia, la historia de Colombia está llena de acontecimientos, personajes, procesos políticos y sociales únicos, guerras y conflictos sangrientos, logros y avances especiales. No es gratuito que muchos escritores, investigadores, sociólogos, politólogos y abogados - nacionales y extranjeros - se vean fascinados por escribir e investigar sobre la historia de Colombia, e incluso se hable de colombianistas como si se tratase de especialistas comparables a egiptólogos.

Todo aquel que se acerca al estudio de la historia colombiana, se encuentra en algún momento cautivado por la singularidad de sus acontecimientos, la diversidad de sus personajes, el desarrollo tan especial de sus procesos sociales, políticos e inclusive económicos; la gran magia que encierra el hecho de que un país, que desde su nacimiento ha vivido en la constante guerra, no haya perdido su proyecto de nación independiente y hubiera conseguido logros que ninguna otra nación, bajo las mismas circunstancias, hubiera podido siquiera acercarse a tener.

Siempre he sido un estusiasta de la historia universal, considero que conozco bastante sobre cualquier periodo de la historia de la humanidad, y ha sido para mí un tema del que he disfrutado desde hace muchos años, pero sólo hasta hace algunos pocos llegué a interesarme por la historia de mi país, sobre la cual siempre tuve el prejuicio de considerarla poco interesante, hasta que me acerqué a ella y empecé a descubrir que resultaba de cierta manera exótica.

Ahora quise abrir este espacio para publicar mis impresiones y análisis de los procesos históricos de Colombia, sobre su independencia -que en sí es muy singular - los primeros años de la República, las Constituciones y conflictos armados que las impulsaron (al día de hoy van 19 Constituciones) y un fenómeno que ha golpeado a Colombia y ha retado su institucionalidad al punto de casi desmoronarla, pero que hasta ahora no ha conseguido destruirla, y como bien decía Nietzche: "lo que no me mata me hace más fuerte", así mismo ha conseguido fortalecernos; me refiero al narcotráfico, al que más adelante le dedicaré su espacio.